Un colega, jurado de votación en las pasadas elecciones legislativas, cuenta que a su puesto llegaron varias personas afanadas por asistir a tiempo. Despistadas, habían ido inicialmente a un puesto equivocado. Casi sin aliento, preguntaron con interés si podrían, finalmente, ejercer su derecho al voto. “¡Qué espíritu ciudadano en esas correrías para votar!”, le dije yo, con mucha ingenuidad. Pero no: el afán era para poder cobrar el voto, que habían vendido por 50 mil pesos.
Con el intenso calendario electoral del 2014, estas anécdotas están de moda. Y aunque la compra y venta de votos no es un invento nuevo en Colombia, los informes de prensa y reportes de organizaciones como la Misión de Organización Electoral sugieren que el fenómeno está en auge. En algunos casos, el mercado de votos es público, generalizado, y está rodeado de otros delitos electorales (como la publicidad ilegal y la trashumancia de votos). Un juicioso informe de Laura Ardila, en Soledad, Atlántico, lo ilustra claramente...